Artigo de EFE 03 FEV 2008 17.50h Bogotá -
Todo está listo para que mañana se convierta en una jornada histórica contra la guerrilla de las FARC cuando millones de personas se lancen a las calles a pedir la liberación de sus rehenes y el cese del secuestro, según los organizadores.
Los llamados iniciales, desde hace un mes, a través de la red Facebook, aumentaron al punto que los mismos organizadores, un grupo de jóvenes, estudiantes y profesionales colombianos, admitieron día a día su sorpresa ante la respuesta.
Las manifestaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzarán fuera del país andino, a 131 ciudades de los cinco continentes.
En Colombia se ha previsto que en unas 40 ciudades se registren movilizaciones similares.
Pese a las posturas opuestas a favor y en contra de las marchas, una de las promotoras, Rosa Cristina Parra, señaló que no están "a favor o en contra del Gobierno. Solo queremos rechazar a las FARC sin meter otros temas ni otros agentes de violencia".
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos de sindicatos, partidos opositores colombianos, e incluso los mismos familiares de los secuestrados, han anunciado que no participarán en la marcha y que organizaron otro tipo de actos.
El Polo Democrático Alternativo (PDA), la principal fuerza política opositora, aclaró que está en "contra de todo tipo de terrorismo" y contra los secuestros de las FARC y organizó "un plantón" en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, antes de que allí llegue la movilización contra esa guerrilla.
Algunos de los familiares de los rehenes han anunciado que acudirán a una misa y han admitido su temor de que las FARC ahora endurezcan su exigencias ante la presión por las marchas.
"Si por algo debe marchar el pueblo colombiano es por el acuerdo humanitario y la salida política y negociada al conflicto social y armado", reza una proclama de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato petrolero del país, que no va a salir a las calles.
Añade que se debe marchar "por la defensa de sus derechos económicos y sociales, y la reivindicación de la soberanía Nacional como respeto al territorio y al pueblo" y no "para legitimar rescates por la vía militar".
Los llamados iniciales, desde hace un mes, a través de la red Facebook, aumentaron al punto que los mismos organizadores, un grupo de jóvenes, estudiantes y profesionales colombianos, admitieron día a día su sorpresa ante la respuesta.
Las manifestaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzarán fuera del país andino, a 131 ciudades de los cinco continentes.
En Colombia se ha previsto que en unas 40 ciudades se registren movilizaciones similares.
Pese a las posturas opuestas a favor y en contra de las marchas, una de las promotoras, Rosa Cristina Parra, señaló que no están "a favor o en contra del Gobierno. Solo queremos rechazar a las FARC sin meter otros temas ni otros agentes de violencia".
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos de sindicatos, partidos opositores colombianos, e incluso los mismos familiares de los secuestrados, han anunciado que no participarán en la marcha y que organizaron otro tipo de actos.
El Polo Democrático Alternativo (PDA), la principal fuerza política opositora, aclaró que está en "contra de todo tipo de terrorismo" y contra los secuestros de las FARC y organizó "un plantón" en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, antes de que allí llegue la movilización contra esa guerrilla.
Algunos de los familiares de los rehenes han anunciado que acudirán a una misa y han admitido su temor de que las FARC ahora endurezcan su exigencias ante la presión por las marchas.
"Si por algo debe marchar el pueblo colombiano es por el acuerdo humanitario y la salida política y negociada al conflicto social y armado", reza una proclama de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato petrolero del país, que no va a salir a las calles.
Añade que se debe marchar "por la defensa de sus derechos económicos y sociales, y la reivindicación de la soberanía Nacional como respeto al territorio y al pueblo" y no "para legitimar rescates por la vía militar".
